Cuando las instituciones guardan silencio frente al descontento ciudadano, el problema no desaparece: se agrava.
El país enfrenta una crisis que no es solo económica o política, sino de credibilidad.
Las autoridades tienen la obligación de responder, explicar y asumir responsabilidades.
El silencio no es neutral. Es una forma de evasión.
Y en democracia, evadir no es una opción.